La Cámara de Diputados aprobó ayer la ley que persigue el delito de piratería por oficio, según la cual las autoridades podrán actuar contra vendedores y distribuidores sin necesidad de que exista una demanda por parte de un interesado.

Esta reforma al Código Penal federal fue aprobada con 359 votos a favor, 12 abstenciones y 26 en contra, del PT. El diputado panista Camilo Ramírez, secretario de la Comisión de Justicia, aseguró que esta reforma es un gran avance, pues protege la propiedad intelectual y golpea uno de los tentáculos financieros del crimen organizado. "Las organizaciones delictivas han tomado el control, en gran parte, de la piratería en todo el País, y sin duda esto colaborará a poner fin a que actúen con toda impunidad y les golpeará económicamente", afirmó. La piratería, junto con el tráfico de personas, secuestro, fraude electrónico y pornografía infantil, está entre los principales ilícitos asociados con la delincuencia organizada.

Detalló que, al perseguir por oficio este delito, cualquier autoridad federal, estatal y municipal podrá detener en tianguis, mercados y establecimientos en la vía pública a quienes estén vendiendo o reproduciendo mercancía que viole los derechos de autor.

El dictamen reforma el artículo 29 del Código Penal federal y el 223 de la Ley de Propiedad Industrial. Ahora, a los vendedores se les podrá castigar con penas de dos a seis años de prisión y multas de 5 mil 746 a 574 mil 600 pesos.

Los productores y distribuidores podrán recibir de seis meses a seis años de prisión y multas de 17 mil a 172 mil pesos.

Según estimaciones de la Cámara Americana de Comercio (AmCham), durante 2009, la piratería causó una merma a la industria formal de 964 mil millones de pesos, lo que representa un 7 por ciento del PIB. Especialistas e industriales dijeron que las reformas son un primer paso, el cual deberá aplicarse junto con otras acciones para que realmente sean efectivas.

Miguel Margáin, presidente de la Asociación Mexicana de la Protección de la Propiedad Intelectual, señaló que la PGR deberá engrosar sus filas y brindar capacitación para la detección de mercancía apócrifa en las calles. Para Fidel López, director del Instituto para la Protección de la Propiedad Privada y el Comercio Legal, ésta es una medida que se debe reconocer, aunque habrá que ver si cumple realmente su propósito por el riesgo que conlleva de caer en corrupción entre la autoridad y los piratas.